En este país los
magistrados y los jueces no se eligen porque tengan capacidades para
administrar justicia sino por conveniencias políticas para que, con impunidad,
congresistas y altos funcionarios públicos puedan robar y cometer toda clase de
delitos.
El gobierno del presidente
colombiano, Juan Manuel Santos, está a punto de firmar un acuerdo de paz con
los jefes de las FARC, el movimiento subversivo y terrorista que se convirtió
en el mayor cartel de narcotraficantes de Colombia y quizá del mundo entero. Y
la inmensa mayoría de los colombianos anhelamos que termine este conflicto que
por más de medio siglo ha enlutado a gran parte de las familias de este país y
que, con sus acciones, ha impedido el desarrollo nacional.
Pero es poco probable que con la
firma de ese supuesto acuerdo de paz se acabe el conflicto colombiano, ya que
no se han solucionado los problemas que generan la violencia en este país y es
bastante notable que a Santos lo que le interesa es que le den el Premio Nobel
de la Paz, y a los jefes narcoterroristas disfrutar de sus enormes riquezas sin
tener que pagar cárcel o morir en combate por sus actos criminales, mientras la
opinión pública ve que a ninguna de las dos partes les interesa convenir una solución
real de los problemas generadores de violencia.
¿Y cuáles son esos problemas?, se
preguntará la gente que no ha vivido en esta nación o que desconoce las injusticias
sociales crónicas de este país, habiendo que reconocer que, aunque las
injusticias humanas o sociales son numerosas, el conflicto colombiano es
generado por unos cuantos problemas, entre los que se destacan la eterna
corrupción política, la casi inexistencia de justicia y el narcotráfico, siendo
este último un problema que va más allá de nuestras fronteras y cuya única
solución efectiva es legalizarlo, tal como se hizo con el tabaco y los licores.
Legalizar la venta de narcóticos
es, sin lugar a dudas, acabar con los carteles mafiosos del mundo y con ello
solucionar el flagelo de lavado de dinero, que es lo que más causa desempleo
porque perjudica a la industria y al comercio honestos, pero es muy difícil de
que eso ocurra porque, no nos digamos mentiras, esa es la fuente que enriquece
a las multinacionales mafiosas, a entidades religiosas, casas bancarias y,
además de toda clase de criminales, a muchos líderes políticos y bandidos de
cuello banco en casi todos los países del mundo.
Y, retomando el tema de las
causas del conflicto colombiano, vale señalar que el presidente Santos, para que
la Corte Constitucional le aprobara sus propuestas, con diversa patrañas hizo
elegir y posesionó en esa corte a varios togados bandidos, inclusive, se dice
que el magistrado Pretelt está siendo víctima de persecución gubernamental por
no estar de acuerdo con el convenio de impunidad del gobierno con los líderes
de las FARC, cosa que es notable si se compara el caso por el que está en líos
este magistrado con el que no le ha causado ningún problema al magistrado
Alberto Rojas Ríos que en dicha corte es uno de los pupilos bandidos del
presidente.
A quienes leen este blog en el
exterior, que son la inmensa mayoría, les cuento que una parte de la historia
negra que se conoce del magistrado Rojas empezó con la muerte de un señor de
apellido Rodríguez, cuya viuda, de nombre Isabel Cristina Marín, le dio poder
al entonces abogado litigante Alberto Rojas Ríos, para que demandara al Estado
colombiano por la muerte de su esposo, ya que el causante del accidente que
produjo la muerte del señor Rodríguez era un empleado oficial.
El abogado instauró la demanda, y
el 2 de julio del año 1.996 recibió un cheque por más de 117 millones de pesos
como pago de la indemnización a la viuda de Rodríguez, pero dicho leguleyo no
le informó de ese asunto a su poderdante sino que se quedó con el dinero de la
viuda y poco después, con la ayuda del entonces Procurador Edgardo Maya, fue
nombrado procurador delegado y más tarde ascendido a viceprocurador, por lo que
Rojas no volvió a su oficina y a la viuda, luego de enterarse en el juzgado que
su abogado había recibido el dinero, le fue imposible hablar con él, ya que
siempre que llamaba a la procuraduría, su secretaria le decía que el doctor
estaba ocupado, y cuando iba a su despacho le decían que el doctor estaba en
una reunión y que quizá ese día no venía a su oficina.
Luego de muchas diligencias
fallidas para hablar con dicho abogado, la viuda le instauró a su representante
y entonces procurador delegado, Alberto Rojas Ríos, una demanda por estafa a la
que luego le añadió el delito de falsedad, ya que, en su defensa, el leguleyo
aseguró que ella le había vendido los derechos de indemnización a un tal Héctor
Hernando Betancourt, un señor que resultó ser paisano y amigo del luego magistrado
Rojas, y quien públicamente nunca se ha pronunciado acerca de ese asunto.
El abogado defensor de Rojas
entregó en el despacho del juez que llevaba el caso, una constancia
supuestamente autenticada en una notaría que certificaba que la viuda le había
vendido los derechos de indemnización al tipo ya mencionado y, por el agregado
de demanda por falsedad, el proceso tomó un nuevo rumbo, ya que hubo que
verificar las firmas, tanto de la viuda como del notario y luego de tomarse
varios años el trámite de ese asunto, ambas firmas resultaron ser falsas,
inclusive, con el agravante de que en la fecha que aparecía en la constancia,
estaba laborando el notario titular y no el encargado que supuestamente la
había firmado, quien ya ni siquiera trabajaba en dicha notaría, y, como si eso
fuera poco, en una audiencia de verificación, el supuesto comprador de los
derechos, aunque en el despacho judicial declaró haberse reunido cuatro veces
con la viuda para cerrar el negocio, no pudo distinguir a la señora Isabel
Cristina entre varias mujeres y señaló como la vendedora de dichos derechos a
otra mujer que no estaba involucrada en el pleito.
Como suele suceder en Colombia
con las demandas de personas humildes o indefensos en contra de poderosos
corruptos, el proceso de la viuda pasó de un juzgado a otro, sin lugar a dudas
quemando tiempo para que caducaran los delitos de la demanda y con ello
favorecer al poderoso bandido demandado. Y mientras la viuda y sus hijos
afrontaban toda clase de dificultades por la muerte del señor Rodríguez, el ya encumbrado
abogado Rojas con la ayuda del procurador Maya ascendió al cargo de Procurador
Encargado, acción que para la viuda hizo más difícil la recuperación de su
dinero. Su situación económica cada día era más fuerte y con la esperanza de
obtener ayuda de la Procuraduría, la viuda le escribió una carta al Procurador
Maya contándole sobre el litigio que tenía con su amigo y subalterno y las
necesidades económicas que estaba afrontando. El Procurador le respondió: “Por
tratarse de un asunto estrictamente personal, con afirmaciones no probadas, y
además ajenas al desempeño de funciones públicas actuales o pasadas, le informo
que he remitido su comunicación al doctor Alberto Rojas Ríos, Procurador
Delegado para Asuntos Civiles de este Organismo, para que le responda.” Sobra
decir que el abogado estafador nunca respondió la ‘comunicación’ de la viuda.
Luego de pasar el caso por varios
juzgados, el fallo en primera instancia lo dio el Juzgado 21 Penal del
Circuito, cuyo juez, en su sabiduría, sobre el delito de estafa declaró
atipicidad y dijo que lo cometido se podría adecuar más bien a otro delito:
abuso de confianza. Sin embargo, como había pasado tanto tiempo, el abuso de
confianza ya había prescrito. Y dicho togado también sentenció como prescrita
la demanda por falsedad material, quedándole a la viuda el derecho de
apelación, pero, por temor a represalias judiciales, ningún abogado aceptó
representarla y le tocó darle el poder a un leguleyo facilitado por la
Defensoría del Pueblo quien, sin hacerle reparos al fallo ni agregar argumento
a dicho documento, presentó la apelación.
La viuda con frecuencia iba al
despacho del magistrado que estaba a cargo de la apelación de su demanda y en
la Secretaría siempre le mostraban el expediente y le decían que estaba en
cola, y que el magistrado tenía pendientes muchos procesos anteriores al suyo.
Estando en esas vueltas se dio cuenta que el magistrado había fallado un pleito
que había llegado mucho después del suyo, y en voz alta denunció esa anomalía.
Al oír sus palabras, la secretaria del magistrado le dijo que si tenía algún
reclamo que lo hiciera por escrito, y a los tres días la viuda entregó un
derecho de petición solicitando agilizar su proceso y explicaciones acerca de
porqué ya había fallado un proceso que había llegado al despacho mucho después
que el suyo. Y pasó más de un año y el proceso continuó quieto y el magistrado
no respondió el derecho de petición, o sea que en el despacho del administrador
de justicia, ni verbal ni por escrito le pararon bolas a las peticiones de la
viuda.
De manera inusitada, un día
surgió un hecho que la viuda quiso aprovechar para recuperar su dinero. Dicho evento surgió porque el corrupto
abogado Alberto Rojas Ríos hizo parte de la terna enviada al congreso para
elegir a un magistrado de la Corte Constitucional, y aunque los opositores a su
elección lo señalaron de tener varios líos judiciales, entre los que figuraba
la evasión de impuestos al no haber declarado 500 millones de pesos que estaba
comprobado que se había ganado, al fin de cuentas el tipo resultó elegido. Y
cuando la viuda supo de dicha elección, con la esperanza de que el presidente
Santos no posesionara al magistrado elegido hasta cuando éste le devolviera el
dinero que le había robado, le dio la información de su problema con dicho
personaje a un noticiero de televisión que no demoró en hacer un escándalo
público con ese asunto.
En dicho noticiero explicaron las
mañas que había usado el ahora elegido a magistrado de la Corte Constitucional
para que se vencieran sus delitos y mostraron documentos y detalles con los que
no dejaban duda de que el tipo le había robado a la viuda el dinero que el
Estado había pagado de indemnización por la muerte de su esposo y, por el
efecto de ese lío, varios medios de comunicación se añadieron en esa noticia.
La posesión de dicho ladrón debía realizarla el presidente Santos y fue
programada para el 2 de mayo de 2.013, pero la opinión pública daba por seguro
que el Jefe de Estado no posesionaría al abogado Rojas hasta que quedara claro
el lío con la viuda, inclusive, se decía que el presidente, para curarse en
salud, anularía esa elección, pero por si acaso, ese día un gran número de periodistas
desde temprano se ubicó en la puerta del Palacio de Nariño, en espera de la
llegada del abogado Rojas.
La noticia de que el tipo se
había posesionado se supo casi a las once de la noche, y el dato frustrante era
que mientras los periodistas hacían guardia en la entrada oficial del Palacio
de Nariño, el abogado Rojas Ríos había entrado al Salón Amarillo presidencial
por la entrada de las ratas de cuatro patas, es decir, por una entrada oscura y
secreta que más que todo es el coladero por donde entran los ratones al palacio
presidencial y que también a veces es usada por el personal de mantenimiento.
Se supo que el tipo entró como a las nueve de la noche y que en menos de diez
minutos salió por donde había entrado. Y por el afán del presidente Santos de
ganarse el Nobel de la Paz, esa noche la rata de dos patas llamada Alberto
Rojas Ríos salió de la oficina presidencial siendo un Honorable magistrado de
la Corte Constitucional, y la viuda Isabel Cristina quedó siendo pato muerto de
la justicia colombiana.
El gobierno de Santos no censura
a la prensa colombiana, pero los amarra con las pautas oficiales ya que no les
da publicidad a los medios informativos que no estén de su lado. La viuda
siguió pidiéndole ayuda a la prensa para recuperar su dinero, pero el
presidente Santos, para acallar ese escándalo les hizo saber a los dueños y
directores de noticieros que él era quien manejaba la billetera para la
publicidad del gobierno y que los medios informativos que quisieran seguir
beneficiándose con esa ‘mermelada’ (así llama él el tesoro público) tenían que
abstenerse de publicar noticias escandalosas que pudieran dañar la buena imagen
gubernamental, y, por ese chantaje presidencial, el tema de Isabel Cristina se
convirtió en pato muerto para los periodistas.
En cuanto al magistrado Pretelt,
este togado está siendo investigado, entre otros asuntos, supuestamente por haber
exigido una fuerte suma de dinero como soborno para fallar a favor una tutela,
y lo más seguro es que eso fue cierto ya que las altas cortes y los despachos
judiciales de esta nación están llenos de leguleyos bandidos, debido a que en
este país los magistrados y los jueces no se eligen porque tengan capacidades
para administrar justicia sino por conveniencias políticas para que, con
impunidad, congresistas y altos funcionarios públicos puedan robar y cometer
toda clase de delitos.
Pero es de señalar que mientras
el gobierno ha hecho y está haciendo todo lo posible para destituir al
magistrado Pretelt, que como ya se dijo está en contra de la impunidad que les
va a dar Santos a los líderes de las FARC, el magistrado Rojas Ríos ha contado
con total protección del gobierno y ni siquiera se ha vuelto a mencionar el
tema del dinero que le robó a la viuda. Y lo antes contado puede servir de base
para tomar una idea de la ética del presidente Santos y del modo de funcionamiento
de la justicia colombiana, que, como expliqué, es uno de los factores que nos impiden
vivir en paz.
