Algunas leyes producen efectos invertidos al que se espera de
sus aplicaciones. Eso ocurre con la que ilegaliza los estupefacientes que, en
vez de castigar, premia a los mafiosos.
A los políticos les gusta que la gente los idolatre. Y, sin
valorar las consecuencias, para ganarse la simpatía del pueblo muchas veces
inventan leyes que dichas y escritas se oyen y se ven muy bien, pero que al
aplicarlas funcionan mal o producen resultados adversos. En esta Entrada, sin
querer justificar cambios ni hacer proselitismo, voy a explicar los resultados
de varias cosas que, al ponerlas en ejecución, han producido el llamado ‘efecto
bumerán’, o sea que el resultado ha sido invertido al propósito deseado.
La primera prohibición humana que se registró por escrito fue
la de enseñarle a leer a la gente del común. Según registros históricos, los
monarcas y los sacerdotes, que en esos remotos tiempos eran los únicos
autorizados para saber el manejo las letras, estaban seguros que la población
rasa se negaría a trabajar si se le enseñaba a leer; y, para evitar esa
rebeldía imaginaria, bajo pena de muerte, durante varios siglos prohibieron que
la gente del común aprendiera a leer. Pero, no obstante a la enorme lucha de
las monarquías civiles y religiosas para impedir el manejo popular de las
letras, la gente se las ingenió para que la lectura y la escritura se hicieran
normales, y, en vez de lo que creían los monarcas, resultó que entre más culto
y capacitado es un pueblo mayor es la producción de su trabajo.
En el transcurrir del tiempo, entre otras cosas, bajo pena de
muerte han sido prohibidas la prostitución, el consumo de café, de todas las
bebidas con algún contenido de alcohol, la oposición política y/o religiosa, la
brujería, la escritura y la lectura de obras que las monarquías consideraran
como inadecuadas para el adoctrinamiento social, en fin; la lista de
prohibiciones habidas es larga, pero nunca se ha podido controlar el deseo
colectivo de la gente y a todas las cosas vedadas y deseadas en masa ha habido
que levantarles el entre dicho, es decir, hubo que dejar de prohibirlas. Sin
embargo, los líderes políticos no han aprendido la lección del fracaso
histórico de las prohibiciones. Por ejemplo, el aborto y el consumo de
narcóticos son cosas prohibidas en la mayoría de países del mundo, pero, en la
práctica, las hay en todas partes y nadie puede controlarlas.
A nivel mundial, detrás de la ilegalidad de los narcóticos
funciona una mafia de mafias. Y aunque los capos y los narco distribuidores
asumen casi toda el agua sucia de este delito, lo cierto es que el tráfico de
estupefacientes beneficia a una enorme cadena de empresas y personas, anónimas,
que no resultan incriminadas en el asunto ni arriesgan mayor cosa pero que
terminan siendo más beneficiadas que los propiamente involucrados en ese
negocio, como, por ejemplo, es el caso de algunos bancos que, sin mayores
dificultades, se lucran con el manejo de dinero ‘sucio’ del narcotráfico; y de
fábricas que elaboran los insumos que usan los mafiosos, que tienen la manía de
valerse de argumentos o controles legales para venderle sus productos a la
mafia a precios especulativos. Además, por ser delito, el narcotráfico produce
una gran cantidad de dinero que en su evolución beneficia a banqueros de cuello
blanco, paraísos fiscales, políticos, militares, policías, empleados oficiales
corruptos, fabricantes y traficantes de armas, sicarios, testaferros, pilotos,
transportadores, en fin; la lista de beneficiados con el narcotráfico es
enorme.
Pero, si se analiza bien la razón de la ilegalidad de los
narcóticos, el resumen es que esa prohibición no es una ley con efecto bumerán,
sino un montaje perverso multinacional del que sobresale una mafia que, con
engaños, convierte en víctimas a muchas personas ingenuas o necesitadas que
terminan muertas o encarceladas por ir en pos de obtener, fácil, un chorro de
dinero. Sin embargo, la mayoría de víctimas mortales del narcotráfico son
delincuentes de diversas calañas, y casi siempre los capos mafiosos también se
convierten en víctimas de su propia mafia. Y, de alguna manera, en últimas, la
mayor parte del dinero que les produce a los capos el negocio ilícito, queda en
manos de la mafia de cuello blanco: banqueros, grandes empresarios, la Iglesia,
poderosos líderes políticos, altos funcionarios corruptos, etc., quienes, en
resumidas cuentas, son la intelectualidad mundial de la mafia y quienes más se
benefician con la ilegalidad del narcotráfico, y el reparto de esa utilidad es,
en realidad, la verdadera razón de esa prohibición.
LA EDUCACIÓN SIN FUETAZOS
El gobierno colombiano, mediante una ley que resultó siendo
un auténtico bumerán, les prohibió a los padres de familia castigar físicamente
a sus hijos. Aunque por la cultura actual se crea que son nocivos, lo cierto
fue que, en su ‘vigencia’, los fuetazos paternales, bien administrados, dieron
muy buenos resultados en la educación familiar. En mi niñez era normal que los
padres, para corregir a los niños, castigaran a sus hijos con fuetazos, más que
todo con ramas de escobilla, una mata de tallo flexible que se usaba para hacer
escobas, cuyos fuetazos no hacían daños duraderos pero sí causaban mucho dolor
corporal e inducían el respeto paternal y con solo ver esas ramas en las manos
de sus padres les causaba temor a los ‘pelaos’, quienes, sin chistar, obedecían
sus órdenes. Debido a que el castigo solía ser doloroso, con solo amenazarlos
con el fuete, los padres conseguían que sus hijos se comportaran bien y, que yo
sepa, nadie de mi generación se salvó de unos duros escobillazos por la espalda
o por el trasero
.
.
Y nunca supe que alguien se hubiese traumatizado o vuelto
loco por haber sido castigado con fuetazos, como lo aseguran los sicólogos, lo
cual, sin pruebas que lo demuestren, les sirvió de base o argumento a los
políticos para prohibir ese castigo. Al contrario, doy fe de que en la época de
mi infancia los niños obrábamos con cordura y respetábamos a los adultos,
especialmente a nuestros padres, así como a los profesores y en los colegios no
había el fenómeno conocido ahora como ‘Matoneo’, ni mucho menos había niños
sicarios, un flagelo que en este país cada día es más común desde que se acabaron
los otrora, para los niños, normales y temibles escobillazos.
Actualmente, en Colombia es delito castigar físicamente a los
niños. Sin importar la razón, si un padre le da un fuetazo a su pequeño hijo,
el niño o cualquier persona puede demandar al castigador y las autoridades lo
meten en la cárcel y le pueden quitar el hijo. Los fuetazos se convirtieron en
delito porque, según los actuales expertos en educación infantil, el azote
traumatiza y hasta puede enloquecer a los niños, pero el verdadero resultado de
esa penalización ha sido que los niños les han perdido el respeto a sus padres,
a sus profesores y a las autoridades, y, últimamente, desde antes de cumplir
quince años, los menores de edad se están convirtiendo en los peores
delincuentes de este país.
En las ciudades grandes, la delincuencia organizada está
haciendo unos eventos infantiles, llamados ‘Chiquitecas’, en los que los niños
consumen cualquier cosa y hacen lo que les dé la gana, los cuales están
generando algo así como una incontrolable liberación infantil. Hace poco, la
policía de Bogotá allanó una ‘Chiquiteca’ y allí arrestó más de cien menores,
casi todos drogados o borrachos, y los concentró en un lugar para que sus
padres los reclamaran, pero muchos de los niños no fueron reclamados porque sus
progenitores alegaron que no contaban con herramientas legales que les
permitieran controlar a sus hijos y que creían que, por los malos pasos en que
andaban, para su bien era mejor que los dejaran en la cárcel.
En las comunas de los barrios marginados de las ciudades
grandes, muchos estudiantes llevan puñales y hasta armas de fuego a sus clases,
con las que en muchos casos asesinan o amenazan a cualquiera, y ni los
profesores ni los padres de familia pueden impedirlo, pues, antiguamente, eso lo
arreglaban los padres de familia con fuetazos, pero ahora es delito castigar a
los niños, ellos lo saben, ya no le temen a nadie y hacen lo que les dé la
gana. El matoneo y las amenazas a profesores, cosas que antes no existían, se
han salido de control en numerosos colegios. Muchos aseguran que, por la
prohibición del fuete, en Colombia está haciendo falta una ley que proteja a
los padres del maltrato y los abusos de sus hijos.
UNA LEY LOBA DISFRAZADA DE OVEJA
Desde quién sabe cuándo, debido a la falta de empleo formal,
en Colombia funcionó un modo de convenios laborales, hecho por escrito y
autenticado en notaría, que era algo así como una legislación que regulaba el
empleo entre trabajadores y empleadores pobres. En tales casos, el ‘patrón’ y
el trabajador se ponían de acuerdo en la prestación y pago del trabajo o
servicio, hacían un documento con las condiciones del asunto, lo autenticaban
en una notaría y listo. Aunque nunca hubo una ley que soportara la legalidad de
esos convenios laborales, por mucho tiempo el gobierno los admitió o no se
ocupó de ese asunto y, casi siempre, esos acuerdos funcionaron sin mayores
complicaciones y dieron resultados simbióticos entre trabajadores y empleadores
pobres.
A simple vista puede
parecer muy buena cosa una ley que establezca que todas las personas que
trabajen con alguna empresa o persona tengan las mismas prestaciones e iguales
derechos laborales; y aún se ve mejor esa norma cuando se afronta una inequidad
laboral como la que siempre ha existido en este país. Y así quedó establecido
en Colombia desde que la ley 50 de 1.990 reformó el Código Sustantivo del
Trabajo, que había nacido en el año 1.950 y que desde entonces no había tenido
modificaciones de mayor calado socio laboral. Pero, la norma que parecía ser
una bendición laboral para los colombianos más pobres, terminó siendo un
nefasto comején para todos los trabajadores de este país.
En cierta forma, la ley 50 fue como una loba disfrazada de
oveja. Su contenido, con mucha sutileza prometía beneficios laborales por los
que nadie respondía ni eran realizables y, estratégicamente, disimulaba el
verdadero propósito de su creación que era quitarle gran parte de las pensiones
laborales al Estado colombiano. Hoy en día, debido al efecto de la ley 50, los
únicos trabajadores colombianos que en realidad pueden salir pensionados son
los empleados estatales. Los demás empleados de este país cotizan,
mensualmente, en unas empresas particulares que exigen un mínimo y que no
tienen tope máximo, para una supuesta pensión que en resumen es una farsa, pues
el monto de la pensión a recibir depende de las utilidades que produzca el
dinero cotizado. Y, aunque esas empresas y el gobierno lo nieguen, las
administraras de fondos de pensiones pueden quebrar y las cotizaciones de los
trabajadores colombianos podrían terminar siendo la mayor estafa de esta
nación.
Los políticos que inventaron la ley 50, con bombos y
platillos la publicitaron como “la ley justiciera de los trabajadores colombianos”.
Y, sin pensar de dónde iban a sacar recursos los empleadores pobres para
pagarles a sus ayudantes igual que los empresarios ricos, muchas personas se
comieron ese cuento leguleyo que no era mas que una utopía. Aunque es obvio que
desde el punto de vista de los trabajadores, sea justo que los patrones les
tengan que pagar por lo menos el sueldo mínimo y todas las prestaciones
sociales a sus empleados; infortunadamente, la gran mayoría de empleadores de
este país son gente pobre, que ni sus ingresos ni los que producen sus
actividades les permiten cumplir con las reglas establecidas en el nuevo Código
Laboral, que, además de regular los pagos laborales y sociales de los
trabajadores, en forma generalizada confirmó un antiguo impuesto de nómina, conocido
como ‘Parafiscal’, cuyo tributo se reparte entre varias entidades que algunas
de ellas son auténticos nidos de burocracia política, y que al sumarse esos
rubros, el porcentaje de impuesto que hay que pagar por tener empleados es más
alto que el de la mayoría de los artículos de lujo.
Luego de más 20 años después de su aplicación, el resultado
de la ley 50 no podría ser peor para los empleados de este país: Las reglas que
estableció, por ser incumplibles para los empleadores pobres, generaron un sin número
de trucos en las actividades laborales, y no produjo ninguno de los beneficios
sociales anunciados sino que, al contrario, en medidas percápita convirtió a
los trabajadores colombianos en los más mal pagados de este continente.
Aunque la ley 50 perjudicó a todos los trabajadores
colombianos, quizá el peor efecto lo sufrió la gente campesina, especialmente
las mujeres jóvenes. Las muchachas campesinas, buscando un mejor futuro, desde
mucho tiempo atrás emigraban a las ciudades y se empleaban como empleadas de
servicio doméstico, la gran mayoría de ellas en casas de gente de estrato
social medio-bajo, es decir, de gente que se gana la vida con un empleo digno,
pero que no es rica. El resultado de ese trabajo era que, al llegar a la
ciudad, las muchachas recibían techo, comida y la oportunidad estudiar y salir
adelante, y sus patrones se beneficiaban al poder dejar a una persona que, a la
vez que cuidaba la casa –las campesinas solían ser dóciles y honestas-, hacía
los oficios domésticos y preparaba los alimentos.
Por lo general, más que todo ellas venían con la intención de
estudiar. No querían durar mucho de empleadas caseras y, en poco tiempo,
algunas se capacitaban y cambiaban de oficio, y muchas conseguían marido y se
independizaban. Por muchos años, el apoyo hogareño que recibían esas muchachas
humildes en las casas de familia fue mucho más benéfico que las impagables
prestaciones sociales que estableció la ley 50. En la actualidad sale mucho más
económico comprar la comida hecha que darles empleo a las muchachas para que la
preparen. El resumen es que la ley 50 les cerró el camino honesto de superación
a las campesinas dinámicas y las arrastró a la delincuencia, y, por eso, cada
día hay más mujeres delincuentes desde que entró en vigencia esa ley.
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EL REPORTAJE DEL EXTRATERRESTRE:
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http://www.bubok.es/libros/171164/CRONICA-DE-FARSAS-Y-ABSURDOS-HISTORICOS
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